viernes, 8 de diciembre de 2017

Un chico diez

Estos días ha sido noticia que Diego Yllanes, el homicida de la joven Nagore Laffage en los sanfermines de 2008, está trabajando de psiquiatra en una clínica privada de Madrid. La indignación ha corrido como la pólvora (el homicidio fue bastante brutal), el asunto ha pasado a a la prensa generalista, la clínica y el Colegio de Médicos han sacado comunicados al respecto, etc. Y en medio de todo esto una pregunta: ¿cómo es posible que un asesino convicto, que aún no ha terminado de cumplir su pena, esté ejerciendo la medicina tan campante? A esa cuestión voy a intentar contestar.

Empecemos con los hechos. Según lo que se declaró probado en la sentencia, en 2008 el médico Diego Yllanes y la estudiante Nagore Laffage se dirigieron al piso de él, en principio para mantener relaciones sexuales consensuadas. En un momento dado, él se puso brusco (la sentencia dice que desnudó a Nagore “de forma violenta”) y ella le detuvo, empezó a dar gritos y le amenazó con una denuncia. Él le dio una paliza y la estranguló, causándole la muerte. Luego intentó descuartizarla y, al no poder, trató de ocultar el cadáver: al final, su familia le encontró y le entregó a la policía.

Por estos hechos fue condenado por homicidio. Se le absolvió de asesinato, porque el tribunal no apreció que concurriera la circunstancia agravante de alevosía. Sí apreció la agravante de abuso de superioridad (él le sacaba 16 cm. de altura y 24 kgs. de peso, y sabía aikido), así como las atenuantes de intoxicación etílica y reparación del daño, esta última porque abonó a los padres 126.000 € en concepto de indemnización antes del juicio. También absolvió por un delito de profanación de cadáver, porque entendió que las mutilaciones que causó Yllanes al cuerpo de Laffage obedecían a un intento de encubrir su homicidio y no a una voluntad de faltar al respeto a su memoria. La pena final fue de doce años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

¿Desde dónde se tienen que contar esos doce años y medio? No desde la condena firme (diciembre de 2010) sino desde la propia detención (julio de 2008), ya que parece ser que Yllanes estuvo en prisión preventiva desde el primer momento. La prisión preventiva se abona a la pena, es decir, que el tiempo pasado en preventiva se resta del tiempo de condena. Como en este caso ambos periodos son contiguos, podemos asumir que Yllanes tiene que cumplir desde julio de 2008 hasta enero de 2021 (1).

El 5 de junio de este año, tras cumplir casi 9 años de su condena (algo menos de 3/4 de la misma) le concedieron el tercer grado. El tercer grado implica un régimen de semilibertad: tiene que dormir en la prisión o en un centro apropiado pero el resto del día lo puede pasar fuera. Y aquí viene la primera perplejidad. Yllanes estaba cumpliendo sentencia en Zaragoza: ¿cómo puede ser que constara en la plantilla de una clínica privada en Madrid? De nuevo no tengo datos, pero existen varias explicaciones: por ejemplo, que le trasladaran a un centro de Madrid cuando consiguió trabajo en la capital, o que su tercer grado no se cumpla yendo a dormir a la cárcel sino con pulsera telemática.

Sin embargo, la principal duda que ha levantado el caso es la siguiente: si Diego Yllanes está sometido a una condena de inhabilitación absoluta (y no dejará de estarlo hasta enero de 2021), ¿qué hace ejerciendo la medicina? En realidad la respuesta es muy simple: la condena de inhabilitación absoluta no prohíbe que nadie ejerza la medicina. Esta pena se define como “la privación de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado” y como “la incapacidad de obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos” (artículo 41 CPE). En otras palabras: Diego Yllanes no puede trabajar para el Estado como funcionario o contratado laboral ni puede ser cargo electo durante el tiempo que dure su condena, pero puede practicar la medicina en la privada, que es justo lo que está haciendo.

Entonces ¿no hay ninguna pena que impida que una persona ejerza la medicina? Sí, la hay: se llama “inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio” y no se puede imponer en este caso. El Código Penal distingue entre penas principales (las que están previstas para cada delito) y penas accesorias (las que van anejas a ciertas penas principales). Toda pena principal de prisión superior a diez años lleva aparejada una pena accesoria de inhabilitación absoluta, que es lo que se ha hecho en este caso. La inhabilitación especial para cierta profesión es pena accesoria de las condenas de prisión inferiores a diez años. En otras palabras, la inhabilitación para ejercer la medicina no podía imponérsele a Yllanes ni como pena principal (la pena del homicidio es de 10 a 15 años de prisión) ni como pena accesoria.

Hasta aquí la parte más jurídica del asunto. No hay mucho más que decir: la inhabilitación absoluta no llega hasta el extremo de impedir el ejercicio privado de la profesión que tenga el reo. Sin embargo, sí quisiera hacer algunas consideraciones más sociales. Como firme creyente en el derecho del reo a reinsertarse, no voy a criticar la decisión de concederle a Yllanes el tercer grado. Pese a que lo que me está pidiendo el cuerpo es exigir que le metan en una celda y tiren la llave, voy a inhibirme de opinar sobre este asunto concreto. Hay otros asuntos que me interesan más.

Cuando se detuvo y condenó a Yllanes, la prensa llegó a calificarle de “chico diez”. Era un tipo joven, de buena familia, con éxito… hasta pudimos leer algunos artículos muy asquerosos donde se hablaba de su “vida truncada”. Años después, no parece que su vida esté muy truncada. Ha encontrado trabajo según ha salido de la trena (¡qué suerte, con la crisis que hay!), en una clínica privada que huele a clerigalla por todas partes: el director del asunto es un tal Carlos Chiclana, cuya carrera como psicólogo parece reducirse a hablar en público sobre lo malo que es hacerse pajas.

Este trabajo es el típico que se consigue con contactos. Quizás contactos hechos por él mismo o quizás por sus padres, también sanitarios. Pero sea como sea me gustaría saber a quién se le ha ocurrido que es buena idea que un condenado por matar a una mujer que no quiso tener relaciones sexuales con él atienda a pacientes psiquiátricos. Que no hablamos de reparar huesos rotos o de operar corazones, sino de intentar arreglar problemas mentales profundos. Y no hablamos tampoco de alguien que saldó su deuda hace diez años. ¿De verdad este tipo es adecuado para realizar esa tarea? Me parece aterrador tener a alguien así pasando consulta de psiquiatría, la verdad.

Desde el centro de Carlos Chiclana han argumentado que Yllanes solo ejerce labores de investigación, es decir, que no ve a pacientes. Pero entonces no se explica por qué su nombre constaba en el apartado “Equipo asistencial” de la web y por qué ofertaba sus servicios en Doctoralia en la misma dirección que la clínica de Carlos Chiclana. Por supuesto, tengo que poner capturas de pantalla porque esa información ya no está disponible en la web. La conclusión parece obvia: Yllanes ha conseguido trabajo de lo suyo gracias a sus contactos, y nadie ha tenido ningún problema pese a lo sensible que es la labor psiquiátrica.

Otra cosa que me gustaría reseñar es un tema, digamos, de largo alcance: en España un delito no se considera violencia de género salvo que se dé en el ámbito de la pareja o la ex pareja. La LIVG maneja esta definición tan restringida del concepto, y esto hace que los delitos que se producen fuera del ámbito de una relación estable queden un tanto marginados. Ni juzgados especiales, ni apoyo a las víctimas ni campañas de concienciación. Este caso es el epítome de cómo la violencia de género excede el concepto legal: un tipo que, cuando la chica con la que ha ligado le exige que se detenga, le mete una paliza y la estrangula. Si este caso no tiene un componente de género, no sé cuál lo tiene.

En 2014 entró en vigor el Convenio de Estambul, un tratado internacional para mejorar la lucha contra la violencia de género. En este convenio, del cual España es parte, se maneja un concepto mucho más amplio de violencia contra las mujeres del que establece la legislación española. Sin embargo, nada se ha hecho por adaptar nuestro derecho interno a esa norma internacional. El reciente Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un intento tímido de ir en esa dirección, pero es deprimente que estemos así tres años después de la entrada en vigor del Convenio.

Por último, quiero mencionar la posición tan desairada en que han quedado las organizaciones colegiales. Para empezar, por la contradicción: el ICOMEM saca un comunicado diciendo que Yllanes está colegiado en Madrid desde julio de este año y casi a la vez la OMC niega su colegiación. ¿Quién tiene razón, el Colegio de Madrid o la organización estatal? Parece que el primero, sobre todo si tenemos en cuenta que la OMC borró el tuit a las pocas horas de ponerlo.

Pero no solo eso. Echándole un ojo a la web del ICOMEM, he podido ver que en ningún momento se les exige a las personas que quieren colegiarse un certificado de antecedentes penales. En este caso Diego Yllanes no estaba inhabilitado para ejercer la medicina, pero ¿y si lo hubiera estado? En el comunicado, el ICOMEM dice desconocer “los términos específicos de la sentencia condenatoria”; es decir, que oficialmente no saben si Yllanes puede o no puede operar como médico. Me parece una deficiencia muy grave a la entrada de una de las profesiones más importantes del mundo. Y más teniendo en cuenta que la propia OMC obliga a denegar la colegiación cuando el condenado esté inhabilitado para el ejercicio profesional (artículo 38.1.c de los Estatutos OMC).

Para terminar quiero hablar de la sensación que me da todo este asunto. Sí, en el caso de Yllanes no ha habido ninguna ilegalidad. Sí, nadie niega que tiene derecho a reinsertarse. Y sin embargo, ver que este tipo va a poder seguir con su vida, en su entorno y con sus amistades sin mayores problemas después de cargarse a una chica e intentar descuartizar su cadáver… pues la verdad es que me produce una sensación de desaliento. De que no se ha hecho justicia.

Supongo que lo que más me molesta es la reacción de su entorno. ¿Cómo se puede volver a tener una relación normal con alguien así? Sin embargo, se puede. Su padre dijo durante el juicio que no creía que su hijo pudiera hacer algo así “sin ninguna razón”, como si hubiera razones que justificaran un estrangulamiento hasta la muerte. Varios amigos testificaron que era un tipo normal y tranquilo, nada violento. Y ya vemos que ha encontrado trabajo con facilidad. Si a eso le sumamos el hecho de que la sentencia declaró probado que Nagore le dijo que iba a destruir su carrera, tenemos una excusa perfecta para que todo el mundo justifique al “chico diez” que cometió un “trágico error” porque iba borracho pero que “no es así”.

Sí, no es de extrañar que haya tanta gente que opine que, pese a la condena por homicidio, a Nagore no se le ha hecho justicia.







(1) Para hacer este cómputo me estoy basando en noticias de prensa como ésta, ya que la sentencia del Tribunal Supremo por la que se terminó la causa no menciona el tema de la prisión provisional. En la sentencia de primera instancia (noviembre de 2009) sí se dice que Yllanes lleva en prisión provisional desde el 8 de julio de 2008.


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martes, 5 de diciembre de 2017

El derecho penal del enemigo

En este blog suelo hablar mucho de Derecho penal. Comentarios de sentencias, análisis de casos, críticas a leyes y a declaraciones… creo que se nota que es mi rama favorita del derecho. En esas entradas suelo repetir el concepto de “derecho penal del enemigo”, pero nunca me he molestado en explicarlo. Se trata de un concepto que cada vez tiene más importancia, así que voy a dedicar unas líneas a analizarlo.

El Derecho penal moderno aparece en Europa con la revolución francesa. Se trata de un modelo de raíz liberal que, frente a la arbitrariedad del Antiguo Régimen, intenta proteger los derechos del reo. Para ello hay toda una serie de principios que se proyectan tanto sobre el derecho penal propiamente dicho (es decir, sobre qué se considera delito y qué pena lleva aparejada) como sobre el procedimiento e incluso sobre la ejecución de la pena. Algunos de éstos son:
  • Principio de legalidad: tanto la infracción como su pena deben estar previstas en una ley promulgada con anterioridad al hecho delictivo.
  • Principio del hecho: el derecho penal solo actúa contra hechos (lesiones o puestas en peligro de un bien jurídico), no contra ideas ni mucho menos contra “tipos” de personas.
  • Principio de culpabilidad: los reos solo responden de sus propios hechos, y solo cuando los hayan cometido de forma voluntaria (con dolo) o, en ciertos casos, por negligencia.
  • Garantías procesales: el reo tiene derecho a designar un abogado de confianza, a no ser detenido más que en ciertos casos, a comunicar su detención a sus familiares, a que en la investigación se respete su intimidad salvo orden judicial, etc.


He esbozado aquí solo unos pocos de los derechos y garantías que tienen los acusados en un proceso penal. Por supuesto, no todos estos derechos han sido respetados siempre, pero se supone que son el ideal y hacia donde debe tender todo derecho penal democrático. A mediados del siglo pasado, además, esta tradición entronca con el paradigma rehabilitador, que entiende que el crimen es desviación social y que por ello el sistema tiene el deber de reinsertar al preso en la sociedad. A pesar de que este paradigma está hoy de capa caída, ha dejado un poso muy importante: la idea de que todo preso tiene derecho a la reinserción y de que el Estado debe poner a su disposición los medios para que lo ejerza.

Y entonces aparece el Derecho penal del enemigo.

El ideólogo principal del asunto es el penalista alemán Günther Jakobs, quien empezó en lo ‘80 señalándolo como una deriva peligrosa del Estado de Derecho. Sin embargo, después del 11-S, Jakobs cambió de idea y empezó a apoyar la existencia de esta clase de legislación. La idea principal es que existen dos niveles de Derecho penal: el derecho de ciudadanos, que es el sistema de raíz liberal que he descrito más arriba, y el de enemigos, que es una excepción a dicho sistema.

Para Jakobs la distinción entre ciudadano y enemigo es vital. Un ciudadano es alguien que se mantiene dentro de la comunidad aunque haya roto las normas en un momento concreto. Un enemigo va más allá: es alguien que, de forma voluntaria, se coloca fuera del derecho. Por decirlo en términos más filosóficos que jurídicos, un enemigo rompe el contrato social y se sitúa frente a la sociedad, en una suerte de “estado de naturaleza” donde no reconoce la legitimidad del derecho. En concreto, Jakobs se refiere a los casos de criminalidad organizada (mafias) y de terrorismo.

La existencia de enemigos plantea problemas. Por un lado, se trata de personas que van contra la sociedad, es decir, que son peligrosos y hay que combatirlos. Pero, por otra parte, el derecho penal liberal no vale de nada contra ellos, puesto que lo han abandonado cognitivamente y no se puede esperar de ellos que respeten las reglas. No son ciudadanos a los que haya que tratar como tales, sino riesgos. En palabras de Jakobs (página 47): “Quien no presta una seguridad cognitiva suficiente de un comportamiento personal, no sólo no puede esperar ser tratado aún como persona, sino que el Estado no debe tratarlo ya como persona, ya que de lo contrario vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas”. Ésta es la idea básica del Derecho penal del enemigo.

¿Y qué quiere decir esto en términos prácticos? Pues que los principios y derechos que mencionábamos más arriba no son aplicables a los enemigos. Por ejemplo, en este blog ya hemos comentado el delito de autoadoctrinamiento, que castiga la lectura de textos que puedan radicalizar a una persona. Es un ejemplo magnífico de derecho penal del enemigo, porque destruye por completo el principio del hecho que mencionábamos más arriba: se sanciona una conducta muy anterior a la puesta en peligro de un bien jurídico. No se castiga al que pone una bomba, ni al que intenta poner una bomba, ni al que prepara la colocación de una bomba, sino al que lee textos que están pensados para convencerle de que es buena idea poner una bomba.

El Derecho penal del enemigo también se proyecta sobre el proceso penal: contra los enemigos no hay garantías procesales que valgan. Recordemos que nuestra Constitución permite, en su artículo 55.2, que los individuos sospechosos de pertenecer a bandas armadas o grupos terroristas sean privados de ciertos derechos fundamentales. En ejercicio de esta habilitación, por ejemplo, se puede detener e incomunicar durante diez días a procesados por terrorismo, cuando normalmente la detención debe durar un máximo de 72 horas y tiene que ser comunicada a los familiares. Un preso incomunicado puede perder derechos tan importantes como el de designar a un abogado de su confianza o el de tener una entrevista secreta con él.

También en relación al procedimiento se pueden justificar las torturas al detenido, enmascaradas bajo palabrería como “duro interrogatorio”, etc. Al fin y al cabo, si el terrorista no es una persona sino un enemigo, ¿por qué vamos a respetar sus derechos fundamentales si en el otro platillo de la balanza puede estar la muerte de ciudadanos inocentes? Jakobs acude al ejemplo del avión comercial, lleno de civiles, que es secuestrado y va a ser estrellado contra una zona habitada. Si el Estado tiene el derecho y aun el deber de derribar ese avión, matando a todos los inocentes que hay a bordo, para evitar males mayores (1), ¿por qué va a tener miramientos con torturar a un terrorista que puede tener datos que eviten un atentado?

En relación a la pena y a su ejecución, el derecho penal del enemigo cae en un punitivismo extremo. Al entenderse que el enemigo está fuera de la comunidad, se le considera imposible de reinsertar, y por ello lo que hay que hacer es inocuizarlo. Hablamos aquí de penas altísimas, de restricción de los beneficios penitenciarios y de medidas de seguridad. Una medida de seguridad es una sanción que se impone a aquellas personas que delinquen y siguen siendo peligrosas pero que no pueden responder de sus propios actos (enfermos mentales, adictos, etc.) por lo que sería injusto imponerles una pena. Mientras que hay mucha discusión sobre qué objetivo busca el Estado al imponer una pena, nadie duda de que las medidas de seguridad buscan inocuizar a alguien peligroso.

Por ello, desde la perspectiva del derecho penal del enemigo lo que hay que hacer es ampliar el campo de esas medidas de seguridad para imponérselas a los enemigos. De nuevo, esto ha tenido plasmación en el derecho positivo. En España, por ejemplo, ya es posible imponerle a ciertos delincuentes una medida de libertad vigilada postpenitenciaria: cumplen su pena de prisión pero siguen teniendo que presentarse en el Juzgado cada cierto tiempo, o que llevar un localizador telemático, o que someterse a un tratamiento. En la reforma penal de 2015 esquivamos por el canto de un duro que nos metieran la custodia de seguridad, es decir, poder internar durante otros diez años a una persona que ya ha cumplido su condena porque se estima que sigue siendo peligrosa.

En definitiva, el derecho penal del enemigo es un derecho penal de autor: categoriza a ciertas personas como “enemigos” y a partir de ahí hay barra libre. No hace falta apreciar una concreta acción u omisión delictiva, sino que al individuo le cae encima un aparato represor brutal por tener la consideración de enemigo. Y una vez detenido, ya no se trata tanto de juzgar y condenar por hechos pasados, sino de prevenir una peligrosidad futura, por lo que casi cualquier cosa está justificada.

Como se ha podido ver en los ejemplos, el derecho penal del enemigo es una realidad: nuestros legisladores van implementando el modelo poco a poco. Pero una cosa es esto y otra que juristas y pensadores lo justifiquen y den argumentos para legitimarlo. Porque no, a mi entender el derecho penal del enemigo no está justificado nunca.

En primer lugar, porque los principios, garantías y derechos que informan el derecho penal “de ciudadanos” no son un juego ni una bagatela. Son la plasmación de los derechos humanos en el ámbito del derecho penal. Y los derechos humanos, al menos si nos los queremos tomar en serio, derivan de la propia condición humana y son irrenunciables e imprescriptibles. No dependen de ser “ciudadano” o de situarse dentro de la sociedad. Decir, como Jakobs, que las personas que cometen delitos graves dejan de ser personas es una píldora que no deberíamos estar dispuestos a tragar.

Los derechos fundamentales no entienden de “enemigos”. Prueba de ello es que se reconocen incluso a los enemigos de guerra, a los espías o a los genocidas. Sí, los mafiosos y los terroristas rechazan las normas de la comunidad y pretenden vivir en un ordenamiento propio donde son ellos los que mandan. ¿Y? Eso no es excusa para tratarles como objetos, como desastres naturales o como animales salvajes contra los que hay que protegerse a toda costa. Nada lo es.

En segundo lugar, hay un tema de legitimidad. ¿Quiénes son los enemigos? Según Jakobs, terroristas y mafiosos. En ambos casos, hay un conflicto político subyacente. En el supuesto del terrorista ese conflicto es obvio. En el del mafioso, no lo es tanto pero existe: los mafiosos suelen legitimarse por su apoyo a una comunidad de inmigrantes que tiene problemas de integración en su país de destino. El terrorismo y las mafias no desaparecerán hasta que no se solucione el problema que hay debajo, y esa solución requiere mucho trabajo y mucho tiempo.

Pues bien, ¿qué se gana en este sentido si el Estado se faculta a sí mismo para comportarse exactamente igual que la misma mafia o que la misma banda terrorista a la que se trata de combatir? Yo puedo adherirme a un Estado que reprime el delito dentro de la perspectiva de los derechos humanos. Pero si lo que tengo delante de mis ojos son dos bandas organizadas que emplean cualquier táctica por bárbara que sea para destruir al contrario, no me va a mover a apoyo que una de ellas se llame “Policía”. En otras palabras: si adopta la perspectiva del derecho penal del enemigo, el Estado pierde toda su legitimidad porque se convierte en lo mismo que trata de destruir.

Y por último, toda la perspectiva de Jakobs me parece un poco naif. El autor alemán insiste mucho en que el derecho penal del enemigo y el de ciudadano deben mantenerse separados pues obedecen a lógicas distintas. Ya. Ahora bajemos al mundo real. En el mundo real, los políticos creen ganar votos si aparentan mano dura contra los delincuentes, por lo que en cuanto la ley introduzca una excepción prevista para enemigos, es cuestión de tiempo que se generalice. La represión tiene fuerza expansiva, e ignorar esto a la hora de proponer que los enemigos sean privados de sus derechos fundamentales es hacerse trampas al solitario.

Recordemos que la custodia de seguridad que he mencionado más arriba, y que obedece a la lógica del enemigo, podía aplicarse a personas que cometieran, por ejemplo, dos robos con violencia seguidos. Vaya concepto de “enemigo” más amplio, ¿no? Pero bueno, la custodia de seguridad no llegó a aprobarse, así que pondré un ejemplo que sí está en vigor: la libertad condicional. Siempre ha sido el último periodo del cumplimiento de la pena: cada día de libertad condicional era un día redimido de condena. Si en algún momento el condenado volvía a delinquir, se le levantaba la libertad condicional y volvía a la cárcel, pero el periodo que había pasado fuera estaba cumplido.

En 2010, se introdujo una excepción. En el caso de los terroristas, la libertad condicional significaba que la pena quedaba suspendida. Supongamos un reo de terrorismo al que le quedan dos años de prisión. Le conceden la condicional y, al año y medio, delinque de nuevo. Pues ese año y medio no se le considera pena cumplida, sino que a la casilla de salida: le siguen quedando dos años de pena. Es un giro de 180º, porque la libertad condicional deja de ser una prueba de confianza en alguien que ya está casi reinsertado para ser un medidor de desconfianza. Pero bueno, a quién le importa, es un terrorista, ¿no?

En 2015 este sistema se aplicó a todos los delitos. La libertad condicional ya no es un periodo de cumplimiento, sino un momento en que la pena está suspendida, por lo que si delinques durante la misma te sigue quedando el mismo tiempo que te quedaba antes de salir. Se ha llegado hasta el absurdo de que te pueden poner una libertad condicional superior al tiempo que te queda por cumplir. Sí: es posible que te queden seis meses de prisión y te impongan una libertad condicional de cinco años. Aunque lo que hayas hecho sea darle un tirón en el bolso a una señora o pasar un par de gramos de cocaína.

En esto queda el derecho penal del enemigo, al final: en medidas punitivas exorbitantes y contrarias a la más elemental humanidad que se introducen para combatir a los malos más malvados de Malolandia y que acaban aplicándose a camellos de poca monta y a rateros. En el camino, el Estado ha perdido toda su legitimidad como garante de los derechos humanos y se ha convertido en una banda terrorista más.

Buen trabajo, sí señor.







(1) Hubo un fuerte debate en Alemania por una ley que expresamente permitía que el Estado derribara un avión en este caso. El Tribunal Constitucional alemán terminó declarándola inconstitucional, pero aun así el Estado podría derribar ese avión y acogerse a la justificación del estado de necesidad.



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jueves, 30 de noviembre de 2017

Alquileres de vivienda 1 - Introducción

Es un hecho: cada vez vivimos más de alquiler. Los millennials, con nuestros aguacates y nuestro Netflix, nos hemos cargado muchas cosas, y una de las más importantes es el mercado inmobiliario. Hemos cogido la mala costumbre de no tener trabajos estables con contratos fijos, y así no hay quien compre. Por eso el mercado del alquiler está cada vez más activo, y quien dice activo dice burbuja. De repente todos tenemos que ser expertos en arrendamientos urbanos para que no nos la cuelen, y a muchos les ha pillado con el pie cambiado.

Esta serie de entradas tiene como objetivo paliar ese desconocimiento, explicar conceptos generales y hacerse eco de algunos abusos comunes. Así que empecemos con lo básico: ¿qué es un alquiler? El alquiler, que formalmente se llama arrendamiento, es un contrato por el cual el propietario de un determinado bien (arrendador) se lo cede durante un tiempo a otra persona (arrendatario) a cambio de una renta, que puede pagarse de una sola vez o a plazos. Éstos son los dos elementos que definen el contrato de arrendamiento: una cesión temporal (ya que si fuera una cesión definitiva estaríamos ante una compraventa) y un precio que normalmente se llama renta (ya que si no hubiera precio estaríamos ante un préstamo).

El arrendamiento puede recaer sobre todo tipo de bienes, tanto muebles como inmuebles. El Código Civil, publicado a finales del siglo XIX, trata de dar una regulación de todos los supuestos, pero se ha quedado anticuado. Por ello, la regulación del alquiler de bienes inmuebles ha pasado a dos leyes especiales: la Ley de Arrendamientos Rústicos (para explotaciones agrícolas y ganaderas) y la Ley de Arrendamientos Urbanos (para viviendas, locales de negocio y demás). Es esta segunda ley, la famosa LAU, la que nos interesa. Toda la regulación está allí: las normas del Código Civil son residuales y no se aplican en la práctica.

Lo primero que hace la LAU es dividir los arrendamientos en dos clases: viviendas y otros usos. Y esa distinción es muy importante. En arrendamiento para uso de vivienda se asume que ambas partes del contrato no tienen el mismo poder. El arrendador es bastante más poderoso, porque en el contrato no se está jugando nada más que un ingreso que con toda probabilidad será secundario en su economía. Por el contrario, el arrendatario vive en el local objeto del contrato, por lo que si el acuerdo se rompe pierde su casa. Además, siempre hay más demanda que oferta, por lo que el arrendador tiene un poder de negociación bastante amplio: si no aceptas mis condiciones, hay mil que sí las aceptarán (1).

Como las partes del contrato tienen esta diferencia de poder, la ley busca proteger al más débil: al arrendatario. Ya iremos viendo cómo la LAU actual le defiende mucho menos que normativas anteriores (el inquilino lleva décadas perdiendo derechos), pero el principio general es el mismo. Y ¿en qué se plasma este principio? En el sistema de fuentes. El contrato de arrendamiento está regido en primer lugar por la LAU, en concreto por su Título II, y en segundo lugar por el Código Civil. La autonomía de la voluntad de las partes solo juega en lo no regulado por estas dos normas.

El Título II de la LAU y las previsiones del Código Civil operan como una especie de cortafuegos o de límite mínimo. El contrato no puede tener cláusulas que pongan al inquilino en una situación más desfavorable de la que le reconocen estas normas. En otras palabras: el contrato puede mejorar los derechos legales del inquilino, pero no empeorarlos o reducirlos. Si una cláusula del contrato incumple esta regla, es nula. Esto nos interesa porque es el mecanismo por el cual acaban saltando por los aires la mayoría de cláusulas contractuales ilegales: porque empeoran la posición del arrendatario sin que la ley lo permita.

Por su parte, el arrendamiento para uso distinto de vivienda tiene unas connotaciones muy distintas. Es una regulación pensada para el alquiler de local de negocio, es decir, para un contrato entre dos profesionales: uno que tiene un local y otro que lo necesita. La ley asume que estas partes son iguales en lo sustancial. Y eso tiene su consecuencia en el sistema de fuentes. Los alquileres para uso distinto de vivienda se basan en la libertad de pacto: la regulación legal (contenida en el Título III de la LAU y en el Código Civil como norma subsidiaria) se aplicará solo para aquellas cuestiones que el contrato haya dejado sin regular.

En resumen: en el arrendamiento de vivienda la ley es obligatoria (al menos para proteger a los inquilinos) mientras que en el arrendamiento para uso distinto de vivienda es una simple norma subsidiaria que se aplica en ausencia de pacto. Entonces, es muy importante determinar cuándo estamos ante un arrendamiento de vivienda y cuándo no, porque el régimen aplicable variará muchísimo.

La LAU aclara este asunto en sus artículos 2 y 3. Un arrendamiento de vivienda es aquel que: 1) recae sobre una edificación habitable y 2) busca satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario. Los términos importantes son “habitable” y “permanente”. Si recae sobre una edificación no habitable (como una plaza de garaje o un local de negocio) o si se busca satisfacer una necesidad de alojamiento no permanente (como un apartamento de vacaciones), no es arrendamiento de vivienda. Por decirlo de forma más llana: el arrendamiento de vivienda es el que busca proveer al inquilino de un lugar donde habitar durante un tiempo indefinido (2). En definitiva, de un espacio que pueda llamar “su casa”.

Vale, todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa con los pisos compartidos? Hablamos de esa modalidad de arrendamiento donde lo que se cede en exclusiva es una habitación, y el resto de espacios de la casa (salón, cocina, baños) es compartido con el resto de inquilinos. Pues la ley no les da un estatuto especial, así que tendremos que entender que funcionan igual que el resto de alquileres: dado que recaen sobre una edificación habitable, serán para uso de vivienda si se firman para dotar al inquilino de un hogar permanente, y para uso distinto de vivienda si se firman con otra finalidad.

Ojo, que esto es importante en los pisos de estudiantes. El caso típico es un piso alquilado por habitaciones mediante un contrato que va de septiembre a junio. Pues bien, esto la LAU lo considera un arrendamiento para uso distinto de vivienda, porque es un alojamiento de temporada: se entiende que el estudiante sigue teniendo su hogar en la casa de sus padres pero que durante una temporada (el curso escolar) alquila ese cuarto debido a sus necesidades académicas. El artículo 3.2 LAU lo deja claro: se consideran arrendamientos para uso distinto de vivienda “los celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra”. En la práctica esto quiere decir que las siguientes entradas de esta serie no deben entenderse aplicables a los pisos de estudiantes (3).

Antes de cerrar la introducción quiero hablar sobre la forma del contrato. Tendemos a creer que los contratos son documentos largos y farragosos, pero en realidad un contrato es un simple acuerdo de voluntades y normalmente en el derecho español no hace falta ponerlos por escrito. El arrendamiento de finca urbana no es una excepción: no hay ninguna norma que obligue a escribirlo. Pero a efectos de prueba es muy útil y cualquiera de las dos partes puede compeler a la otra a formalizar el acuerdo en un documento escrito.

Lo más normal será que el arrendador te presente el contrato ya redactado para que lo firmes y que tú tengas más bien poca capacidad de negociación. Léelo bien y pregunta lo que no entiendas. Debería ir encabezado por el título “contrato de arrendamiento” (4), regular cosas como el plazo de duración, la cuantía del alquiler y las reparaciones y no decir ni media palabra sobre cómo tiene que vivir el inquilino su vida privada dentro de la casa. Lo ideal sería que le echara un ojo un abogado, pero esto no siempre es posible.

La ley permite también inscribir el arrendamiento en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción le concede al casero un procedimiento especial para echar al inquilino que no paga. Sin embargo, también beneficia al arrendatario. Ya veremos que si el casero pierde la casa (por ejemplo, porque le ejecutan una hipoteca sobre la misma) o si la vende a un tercero, el arrendamiento termina y el inquilino se tiene que ir. Sin embargo, si el contrato está inscrito en el RP, opera la regla contraria: el adquirente está obligado a mantener el arrendamiento por todo el tiempo pactado por el casero original. Esto quiere decir que al arrendatario le puede convenir inscribir el contrato, sobre todo si la vivienda está hipotecada. Por desgracia, no es tan sencillo: para inscribir un contrato en el RP tiene que estar elevado a escritura pública, y no hay ninguna norma que permita que una de las partes obligue a la otra a realizar esta elevación.

Una última cosa: el arrendatario tiene que pagar un impuesto, el de Transmisiones Patrimoniales, en el momento de iniciarse el alquiler. El impuesto se paga de una sola vez y vale para toda la vida del contrato. Éste es un dato poco conocido, y además las Administraciones autonómicas (se trata de un tributo cedido a las CC.AA.) apenas practican liquidaciones forzosas, porque es muy poco dinero. ¿Cuánto? No se puede saber con certeza porque cada Comunidad Autónoma tiene sus tarifas, pero se suelen apartar muy poco de la establecida en la ley nacional. Por poner un ejemplo: si se trata de un contrato de arrendamiento por tres años con una renta mensual de 900 €, se pagan 129,6 € de ITP según la ley nacional. El impuesto se puede abonar redactando el contrato en un papel timbrado que se compra en los estancos o mediante el relleno y presentación del modelo 600. Es posible que el casero te exija que lo pagues, porque en el caso de que no lo hagas él pasa a ser el responsable subsidiario.

Espero que esta aproximación general (y el resto de entradas de la serie) sean útiles y ayuden a evitar abusos. Inquilino informado, casero desubicado.




(1) Sí, la relación es muy similar a la del obrero con el patrón. No, no es casualidad que el movimiento inquilinal que está empezando a surgir ahora tome el nombre de “sindicato”.

(2) Las reglas sobre el arrendamiento de vivienda se aplican también al resto de bienes que, sin constituir vivienda, vengan con ésta: muebles, trasteros, plazas de garaje, etc.

(3) Por cierto, ya que hablamos de estudiantes: el uso de las residencias universitarias está directamente excluido de la aplicación de la LAU (artículo 5.d). Es decir, que si en lugar de vivir en un piso de estudiantes vives en una residencia, la norma que regula tus derechos no es la LAU.

(4) Conozco un caso donde el arrendador intentó colar un contrato de hospedaje, que es el que se firma en hoteles y establecimientos similares. Es un contrato muy distinto del de arrendamiento.




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martes, 28 de noviembre de 2017

Profesiones jurídicas IX - Los administradores concursales

En esta serie hemos estado tratando de profesiones jurídicas conocidas (desde el juez hasta el detective privado), aunque a lo mejor no se sabe exactamente qué hacen o cuáles son sus límites. Hoy damos un paso más. Quiero hablar de una figura que no es muy conocida fuera de ambientes especializados, pero que tiene mucha importancia en una economía en crisis como la nuestra. Hablemos del administrador concursal.

Para entender qué es un administrador concursal primero hay que comprender qué es un concurso de acreedores. En lenguaje sencillo, un concurso de acreedores es el nombre técnico que recibe el procedimiento más conocido como “quiebra” o “suspensión de pagos”. Se trata del mecanismo que se aplica en caso de que una persona física o jurídica no pueda hacer frente a todos sus pagos: el objetivo es que el deudor salga adelante y, si eso no es posible, que al menos se paguen algunas de las deudas. Se llama “concurso de acreedores” porque los acreedores concurren bajo la dirección del juez con el objetivo de encontrar una solución.

Un concurso de acreedores se declara cuando un deudor entra en insolvencia. En principio puede ser cualquier deudor, pero el procedimiento se suele aplicar a empresas: sé que ha habido casos donde una familia acosada por la hipoteca solicitó concurso de acreedores, pero no sé cómo acabaron. Aunque la ley habla en todo momento de “deudor” es evidente que está pensando en un empresario. Por poner solo un ejemplo, los órganos que tramitan el concurso de acreedores no son los Juzgados de Primera Instancia (los jueces civiles ordinarios que conocerían de cualquier otro pleito entre particulares), sino los Juzgados de lo Mercantil, creados ad hoc para esta clase de asuntos y que solo tienen competencias relacionadas con empresas.

Así pues, necesitamos un deudor insolvente. La ley define la insolvencia como el estado en el que alguien “no puede cumplir regularmente sus obligaciones”. Es decir, que no está en insolvencia el deudor que de forma puntual deja impagada una factura, sino el que tiene problemas para pagar todo lo que le va viniendo. En ese momento tanto él como cualquiera de sus acreedores (que pueden conocer la situación de insolvencia por signos externos de la misma) pueden pedir el concurso. La solicitud se presenta ante el juez, que es quien decide si se abre este procedimiento o no.

El administrador concursal entra en el momento en que se abre un concurso de acreedores. ¿Por qué? Porque el deudor concursado ve limitadas sus facultades sobre sus bienes. Es posible que quede “intervenido”, es decir, que pueda administrar su patrimonio pero le tengan que supervisar. Y también es posible que quede “suspendido”, lo que significa que ya no puede administrar sus bienes. Pues bien, el administrador concursal es la persona que, respectivamente, supervisa o sustituye al deudor en estas tareas. De alguna manera es quien va a gestionar el patrimonio del concursado y en el que recae la responsabilidad de que la empresa salga adelante.

Las funciones del administrador son muy amplias. Así, es quien lleva adelante la actividad empresarial del deudor concursado. También es quien se encarga de los pleitos y demás procedimientos: por ejemplo, puede iniciar lo que se llama acciones de rescisión, que buscan que se anulen los actos del deudor que han sido perjudiciales para el patrimonio. Otras competencias son: demandar a los administradores del deudor persona jurídica, solicitar que se levanten embargos o se detengan desahucios, despedir directivos, tratar con los acreedores… el artículo 33 de la Ley Concursal le concede más de sesenta atribuciones. Todas ellas debe ejercitarlas de forma diligente y leal y bajo la supervisión del juez del concurso.

La mayor parte del trabajo del administrador concursal termina cuando presenta un informe sobre la situación patrimonial del deudor. Debe analizar el estado contable y justificar sus propias actuaciones como administrador. Además, al informe se acompañan documentos tan importantes como el inventario de los bienes y derechos que posee el deudor, la lista de acreedores y una valoración de la empresa. En este momento acaba lo que se conoce como “fase común” del concurso y el juez tiene que tomar una decisión: si se intenta que los acreedores acepten un convenio (que normalmente implicará que el deudor continúa con su actividad y que las deudas se pagan, aunque más tarde o en menor cantidad) o si liquidamos el patrimonio del deudor. Sin embargo, el administrador seguirá en el cargo hasta que el concurso termine.

Vengo hablando de “el administrador” en singular porque en cada concurso interviene un único administrador. Esto no ha sido siempre así. Cuando se aprobó la Ley Concursal, en 2003, la administración concursal se componía de tres miembros: un abogado con más de cinco años de experiencia, un profesional de la economía (auditor de cuentas, economista o titulado mercantil) y uno de los acreedores. En 2011 se reformó la ley para que el administrador fuera uno solo, que tendría que ser siempre experto (abogado o profesional de la economía), sin que ya pudiera ser uno de los acreedores. Estos profesionales constan en listas hechas por los respectivos colegios y que tiene cada Juzgado; ante cada concurso, el juez nombra a un administrador de los que tiene en la lista. También se puede nombrar administrador a una empresa, que a su vez designa a uno de sus empleados para que se encargue.

Parece ser que es voluntad del legislador profesionalizar aún más la figura. En 2014 se reformó de nuevo la Ley Concursal con el fin de definirla mejor y de establecer un único sistema nacional de registro en vez de las listas custodiadas por cada Juzgado. Sin embargo, esta reforma no ha entrado aún en vigor, ni lo hará hasta que no se redacte el reglamento que establezca los requisitos para acceder a la profesión. Por ello, podemos decir que la profesión de administrador concursal en buena medida no existe todavía: se trata de abogados, economistas, auditores, etc. que se especializan en concursos.

Por último, en cuanto a la retribución, los administradores no deciden libremente su salario sino que cobran según un arancel aprobado por Real Decreto. El dinero sale del patrimonio del deudor concursado y, en el caso de que no se pudiera pagar, de una cuenta a la que deben contribuir todos los administradores. Suelen ser honorarios elevados. Se calculan en porcentajes sobre la masa patrimonial y tienen como límites máximos la menor de estas dos cantidades: el 4% de los activos o 1,5 millones de euros. No, sin duda no es un trabajo mal pagado.

Así pues, si tienes una empresa y la crisis te está empezando a ahogar, ésta es la solución: hazte administrador concursal y no volverás a pasar estrecheces.


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domingo, 19 de noviembre de 2017

El "impuesto Wallapop"

El otro día se publicó en muchos medios una noticia curiosa. Con diversas variantes venía a decir lo siguiente: que el Gobierno le iba a poner un impuesto a las compraventas entre particulares que se realizaran en plataformas de objetos de segunda mano como Wallapop o eBay. Por supuesto, la desinformación campó rápido por sus fueros: gente indignadísima, otros diciendo que no iban a pagar a un Gobierno que roba, un grupo dándole fuerte a la picaresca y recomendando que se cerrara la venta por WhatsApp o por Facebook. Así pues, ¿qué hay de verdad en todo este asunto?

Lo primero de todo es que no se ha creado ningún impuesto nuevo. Montoro no ha propuesto una nueva ley para gravar estos actos de compraventa entre particulares, ni las Cortes la han aprobado, ni ha entrado en vigor ni nada. ¿Qué ha pasado entonces? Que Hacienda ha respondido a una consulta tributaria. Una consulta tributaria no es nada más que una pregunta que cualquier ciudadano puede hacer sobre cuestiones de impuestos. En este caso, alguien preguntó a qué tributos estaban sujetas las compraventas entre particulares. Y Hacienda respondió con la ley en la mano. En otras palabras: no se crea un impuesto nuevo, sino que Hacienda aclara qué impuestos existen (y nadie está pagando) sobre estos actos.

Las respuestas a consultas tributarias son importantes porque vinculan a Hacienda. O, en otras palabras, si Hacienda te responde siguiendo un criterio para interpretar la ley, luego debe seguir ese mismo criterio a la hora de aplicarla. Ojo: el contribuyente no está vinculado por las respuestas. Hacienda puede decirme algo que yo considero que es una interpretación errónea, y serán los tribunales quienes decidan quién lleva la razón. Pero mientras esa interpretación esté ahí, Hacienda debe obedecerla. Así que ahora ya sabemos que Hacienda tiene un criterio para tratar esto casos.

¿Y cuál es ese criterio? Pues simple: por cada venta tienen que pagar impuestos el comprador y el vendedor. El comprador está sujeto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En realidad, tiene sentido. Cuando tú compras algo, siempre pagas impuestos. Si la compra se la realizas a un empresario (es decir, a alguien que se dedica de forma profesional a suministrar ese bien o ese servicio), el impuesto que pagas es el IVA. Si la compra se la realizas a otro particular, el impuesto que pagas es el ITP. Claro, choca que mencionen el ITP porque no es un impuesto conocido y porque tenemos tan automatizado el IVA que casi ni nos acordamos de que pagamos impuestos por cada compra que hacemos. Sin embargo, la idea de que toda compra es un acto de capacidad económica y, por ello, gravable, es bastante básica.

El ITP, por su parte, es un impuesto bastante liviano. Está cedido a las Comunidades Autónomas, tanto en su gestión como en su rendimiento. Su cuantía depende también del territorio en el que se produzca la transmisión, pero la mayoría de Comunidades Autónomas ha mantenido los tipos previstos en la ley estatal: 4% para bienes muebles y 6% para bienes inmuebles. Eso sí, no es un tributo que se repercuta, por lo que el comprador deberá rellenar el formulario, presentarlo y pagarlo cada vez que adquiera algo por Wallapop.

En cuanto al vendedor, que se presume que es una persona física, tributa también como todo hijo de vecino: si la venta le genera una plusvalía, tendrá que declarar la ganancia en el IRPF de ese año y pagar por ella lo que corresponda. Recordemos que el IRPF es un impuesto en el que se computa toda renta no gratuita recibida durante el año precedente: los salarios del trabajo, los beneficios de la actividad económica, los dividendos de unas acciones que se tengan, el alquiler de un piso… y, también, cualquier posible ganancia patrimonial que derive de una venta. Para calcular cuánto es la ganancia patrimonial hay que comparar el precio por el que se compró con el precio por el que ahora se vende.

Así pues, en realidad Hacienda se ha limitado a afirmar que las compraventas por Wallapop son iguales que cualquier otra compraventa entre particulares. Por eso me hacen tanta gracia los pícaros que dicen que “entonces se cerrará la venta por WhatsApp y ya está”: porque de verdad se creen que han aprobado una especie de “impuesto sobre Wallapop”. Y no. No se grava la plataforma que se utilice, sino la operación en sí misma: usar un medio de comunicación privado para concretar la venta será, en todo caso, una forma de facilitar el fraude fiscal, no una manera legítima de eludir la obligación tributaria.

Desde un prisma de estricta legalidad, no logro encontrar ninguna objeción a la postura del Ministerio de Hacienda. Si tú compras algo, has demostrado una capacidad económica que está sujeta a gravamen; si tú vendes algo y obtienes una ganancia, debes declararla en tu IRPF. La ley obliga a tributar por ambas operaciones: si asumimos que debemos hacerlo cuando compramos o vendemos algo grande (una casa, un coche), ¿por qué no iba a ser así cuando compramos o vendemos algo pequeño?

Sin embargo, es cierto que desde el punto de vista práctico, no tiene mucho sentido que Hacienda vigile estas transacciones, por el simple hecho de que son por cantidades ínfimas de dinero. La gran mayoría son por menos de 100 €, y me atrevería a asegurar que muchas no suben de 20 €. Siendo realistas, los compradores no van a rellenar un formulario cada vez que se gastan en eBay 3 € más gastos de envío por comprar un libro, y mucho menos van a ir al banco a pagar los 12 céntimos que tendrían que tributar por eso.

En cuanto a los vendedores, lo mismo de lo mismo. El mundillo de objetos de segunda mano es un mercado donde se vende a pérdidas: la gente pone a la venta por cuatro duros las cosas que ya no necesita con el objetivo de conseguir algo de dinero fácil. La mentalidad es “lo que saque bien sacado está”. De hecho, más que una ganancia patrimonial, la mayoría de vendedores deberían apuntarse una pérdida, lo que les permitiría pagar menos impuestos. Pero tampoco esa vía está abierta, ya que no se pueden computar como pérdidas patrimoniales aquellas que no estén justificadas… ¿y quién conserva el ticket de ese libro que compró por 20 € hace diez años y que ahora trata de vender por 5 €?

Por su parte, Hacienda no va a sancionar ni al comprador que pase de pagar el ITP ni al vendedor que no se compute una hipotética ganancia patrimonial en el IRPF. En el primer caso, el coste del procedimiento sería mucho mayor que la hipotética ganancia. En el segundo, hay que pensar una cosa: si el vendedor tiene difícil fijar cuál fue el precio de adquisición a la hora de computarse una pérdida, a Hacienda también le resultará casi imposible determinarlo si quiere demostrar que ha habido una ganancia. En ambos supuestos, resulta complicado incluso que Hacienda se entere de que se ha producido la transacción. Así que, sobre todo si eres comprador ocasional, no deberías preocuparte por este tema. Lo ideal sería que declararas la operación y tributaras por ella, pero nadie te va a pedir cuentas si no lo haces.

Comentando esto mismo por Twitter, me han dicho que es que este régimen está previsto para quienes de forma constante compran objetos y los revenden algo más caros con el objetivo de lucrarse. No es así. Esas personas son en realidad empresarios, y deberían repercutir IVA por su actividad. Si no lo hacen, estamos ante un fraude de ley: usan las normas que regulan las transacciones entre particulares para enmascarar una relación comercial como cualquier otra.

Es más sencillo que todo eso: estamos ante un sistema pensado para transmisiones patrimoniales grandes y que queda un tanto ridículo cuando hablamos de vender la bicicleta vieja por 30 €. Pero la lógica subyacente es la misma. ¿Que quizás tendría sentido que la ley estableciera una exención del ITP para compras de valor escaso? Pues puede ser, pero tendría que basarse en razones prácticas, no en que no sea adecuado o legítimo gravar estas operaciones.

En resumen: Hacienda no ha aprobado ningún impuesto nuevo sino que ha aclarado que si compras tienes que pagar ITP y que si vendes tienes que computar la ganancia en el IRPF. No creo que nadie pueda objetar nada a eso.



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martes, 14 de noviembre de 2017

Mi barrio

Normalmente no hablo de mi vida. Considero que no le importa a nadie: en este blog analizo cuestiones jurídicas y políticas con el mayor rigor que puedo, así que la cuestión de mi identidad es irrelevante. ¡Si incluso escribo bajo pseudónimo! Pero últimamente quería traer algo que me afecta en persona, en mi día a día, y que además me produce conflicto. Así que vamos a hablar un poco de mi barrio.

Mi barrio es San Diego, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Para quien no lo sepa, Vallecas es el nombre colectivo que reciben dos distritos del sur de Madrid con fuerte tradición de presencia obrera, de inmigración y de combatividad social. Es una zona situada al sur de la ciudad y es de las más castigadas por la crisis: según datos de abril, Puente de Vallecas es el distrito con menor renta per cápita de Madrid y un 63,7% de los parados que lo habitan carece de prestación. El barrio de San Diego propiamente dicho obtuvo 32,5 puntos de un máximo de 35 en un índice de necesidades de reequilibrio territorial que elaboró el Ayuntamiento.

En este contexto, la llegada de droga al barrio ha sentado como un mazazo.

El término “llegada” es, por supuesto, relativo. Los ’80 vinieron y pasaron, y Vallecas siempre ha sido zona obrera, pobre y olvidada por la Administración, por lo que la heroína se expandió como el fuego. Pero desde entonces el barrio se había normalizado y era un lugar agradable para vivir y no demasiado conflictivo. Había comercio, se podía ir con tranquilidad por la calle y, aunque falta inversión por un tubo, a veces se hacía algo de obra pública.

Hace un par de años la cosa empezó a cambiar. La presión policial sobre los clanes de la droga de la Cañada Real y los planes urbanísticos que hay por esa zona provocaron que los camellos se movieran de sitio. Uno de los destinos elegidos fue, precisamente, mi barrio. Así fue cuando aparecieron los narcopisos. El término hace referencia a casas ocupadas ilegalmente donde se vende y se consume droga. El matiz del consumo es importante, porque dificulta la iniciación de procesos contra esos traficantes. Si de un local no deja de salir gente con droga que no tenía a la entrada, el juez lo tiene mucho más fácil. Por el contrario, si todo el mundo sale colocado pero sin que se pueda intervenir un solo gramo, la única prueba de que ese lugar es una narcocasa está en la palabra de los vecinos.

Claro, el problema no son los pisos. El problema está en sus habitantes, que generan suciedad, ruidos y peleas: este reportaje muestra en qué estado se encontraba un inmueble después de desalojar a los camellos. Y también están los clientes: robos y prostitución para pagarse las dosis, discusiones a gritos, meadas entre coches, amenazas a vecinos, etc. Multiplíquese por 33, que es el número de narcocasas contabilizadas por los vecinos solo en el barrio de San Diego, y ya está organizada. De momento ya hemos tenido una muerte que parece relacionada con esto.

Ante esta situación, los vecinos están comprensiblemente indignados y molestos. Así que han empezado a organizarse. Durante unas cuantas semanas hubo caceroladas diarias que terminaban delante o detrás de uno de los narcopisos más notables: el de la calle Puerto de la Mano de Hierro, al que más bien habría que llamar “narcoedificio” porque son tres plantas dedicadas al suministro. Pero este medio de protesta se detuvo a mediados de octubre, después de que los camellos tiraran lejía a vecinos y a policías. Después de ese incidente se ha optado por una vía más institucional: se ha hablado con la asociación de vecinos del distrito y con distintos concejales para buscar soluciones.

El tema de la droga se ha juntado con otros problemas que vive el barrio (la suciedad en las calles, que es endémica, o los pisos de prostitución) para generar un movimiento vecinal que parece bastante activo. Hace varias semanas se montó una asamblea a la que asistieron unos 200 vecinos, en la que se anunció una manifestación para quejarse de la degradación creciente. La manifestación está convocada para mañana, miércoles 15 de noviembre.

Y en todo este conflicto, yo no sé muy bien dónde situarme, porque veo peligros por todas partes. En primer lugar, rechazo el proceso que está viviendo San Diego. Están cerrando comercios, los vecinos tradicionales se están yendo y andar por la calle empieza a ser inseguro. Yo mismo he sufrido agresiones, aunque en mi caso (hombre joven y de buena envergadura) se han quedado en simples amenazas. Sí, definitivamente no quiero que mi barrio se transforme en esto.

Pero por otro lado, frente a la Escila de la degradación está la Caribdis de la gentrificación. En el barrio hay signos de que está viniendo una oleada de nuevos residentes que ya no se pueden permitir el centro pero que tienen más renta que los habitantes tradicionales: hay un Carrefour 24 horas, aparecen negocios poco habituales (gastrobares, tiendas de lanas), están abriendo también varias franquicias, el Ayuntamiento empieza a prestarnos más atención, etc. Y aunque la conversión del barrio en un narcogueto me repugna, la gentrificación tampoco es un destino que me ilusione.

Quizás contraponer ambos procesos sea inexacto. Más bien podemos decir que uno ayuda al otro. Los narcopisos y la inseguridad echan a los vecinos tradicionales y, una vez que el barrio está debilitado, se le hace un lavado de cara disfrazado de lucha contra la droga y se pone una tienda de cupcakes en cada local par y un McDonalds en cada local impar. Este proceso está más que documentado: no hay más que ver lo que pasó con el entorno de la plaza de la Luna, que en 10 años ha pasado de un extremo al otro. Así que me preocupa que la miseria sea una excusa para destruir un distrito histórico. Al fin y al cabo corre el rumor de que los 33 narcopisos identificados son propiedad de fondos de inversión y, aunque me lo creo poco, sí que es plausible que sean todos de grandes propietarios que no necesitan rentabilizarlos a corto plazo.

Hay más cuestiones que me preocupan. Otra de las razones por las que no me he apuntado al movimiento vecinal es porque me da miedo que vengan terceros a capitalizar mi esfuerzo. Hablo en primer lugar del PP y Ciudadanos, que buscan evidentemente cualquier causa para debilitar al Ayuntamiento: solo faltaría que la derecha, que ha gobernado esta ciudad durante 26 años seguidos y que ha tratado a Vallecas como si no existiera, se erigiera ahora en la abanderada del barrio. La antigua concejala del distrito por el PP ya ha salido en prensa a decir que la culpa de todo es de Carmena.

Pero hay otros que me asustan más, y son los nazis. La ultraderecha está creciendo, y Hogar Social Madrid tiene una fuerza importante en la ciudad, hecha a base de una labor social que se usa como ariete para abrir una brecha en la que colar propaganda. Y claro, los camellos que están provocando el problema son extranjeros o gitanos. Un momento perfecto para que vengan los nazis a reclamar Vallecas. Quiero pensar que ambos peligros –el PP y los nazis– son ilusiones mías y que Vallecas sabrá resistir, pero no las tengo todas conmigo (1). Especialmente por lo que voy a decir a continuación.

Otro flanco que me da miedo son, paradójicamente, mis propios vecinos. Me explico: Vallecas ha sido siempre un lugar de inmigración, primero española y luego extranjera. En el barrio de San Diego hay un 25% de población inmigrante (2). Entonces, ¿por qué la asamblea vecinal a la que asistí el otro día estaba copada por ancianos españoles? ¿Por qué el único extranjero que tomó la palabra lo hizo principalmente para distanciarse de los inmigrantes que vienen a delinquir? ¿Por qué me tuve que tragar dos arengas racistas precedidas por el consabido “yo-no-soy-racista-pero”?

No estoy criticando tanto las opiniones de gente mayor que no ha tenido oportunidad de formarse como una pauta más general. Hablo de guetos, de que se considere que la población “real” del barrio son los ancianos blancos que llevan toda su vida ahí y nadie más. Y ojo, que a lo mejor esos ancianos son tan inmigrantes como los jóvenes latinos pero llegaron hace 50 años de Extremadura en vez de hace 10 de Perú. Si no se integra a la nueva población (¡un 25%!) en la defensa del barrio, mal vamos. Y claro, como siempre esto es un círculo vicioso: si las reuniones están formadas solo por blancos y solo toman la palabra blancos, quienes no lo sean se irán alejando cada vez más. La aparición de movimientos racistas irá siendo cada vez más fácil. 

En realidad esto es consecuencia de tratar un problema de muy hondo calado como si fuera una simple cuestión de seguridad. La existencia de mafias de extranjeros que venden droga (mayoritariamente a españoles blancos, ojo, que siempre se nos olvida esta parte de la ecuación) es un problema complejísimo, que mezcla falta de integración, choques culturales, necesidad económica y desesperación vital. No se va a resolver de la noche a la mañana, y menos con represión. Pero la represión es el enfoque más fácil y obvio, y por eso comprendo también la respuesta de unos vecinos que ven cómo su barrio se degrada a ojos vista. Nadie quiere volver a la heroína por las calles, y hacia allí que vamos.

Por eso entiendo la propuesta, que parece que está en estudio, de poner cámaras en el barrio. De eso se trató en la asamblea, y se dijo que reiteradamente los vecinos han rechazado esta medida alegando su derecho a la intimidad. Dicho rechazo se tildó de “demagogia”. Eso significa que me deberían apuntar en las filas de los demagogos porque, aunque reconozco que el derecho a la intimidad no existe por la calle, yo no quiero que todos mis movimientos sean grabados mientras camino por mi barrio. Me parece molesto y además inútil: nadie me ha explicado de qué forma la presencia de cámaras en las calles va a hacer que en los pisos deje de venderse droga. Así que no, no comparto la proposición aunque, como digo, entienda a quien la apoya.

Supongo que a corto plazo la única solución posible es dedicar más dinero al poder judicial para que los procedimientos no se eternicen. Con suerte, el problema no irá a más. Pero a largo hay que afrontar preguntas muy difíciles acerca de por qué la gente se droga y de qué  intereses hay detrás de que Vallecas sea un supermercado. Se necesita intervención social, trabajo digno, integración en el barrio y tiempo para que todas estas medidas calen. Yo, de momento, no tengo ninguna certeza: solo dudas, miedos y la esperanza de que mi barrio salga de este trago sin sufrir demasiado.





(1) Vallecas siempre ha sido un barrio ideológicamente de izquierdas. El otro día en la asamblea vecinal no hubo más que risitas despreciativas hacia el intento del PP de engancharse a esto.

(2) Es el segundo barrio con más porcentaje de población nacida fuera de España. El mayor es Pradolongo, en Usera, con 29,8% de extranjeros.


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